El piso le había sido adjudicado en 2023. Cuando finalmente entró, a comienzos de 2025, grabó el estado en que lo encontró. Ella y su pareja, ambos con discapacidad y movilidad reducida, siguen además reclamando mejoras en la vivienda.
Tras la publicación de “Alquiler a ciegas en Valladolid” hace unos días, otros adjudicatarios de viviendas municipales se han puesto en contacto para contar sus experiencias.
Una de ellas nos ha cedido un vídeo que grabó nada más entrar por primera vez en la vivienda que le había entregado VIVA, antes de limpiar, hacer la mudanza o modificar el piso.
Las imágenes muestran habitaciones todavía amuebladas, armarios con objetos, enseres en la cocina y el baño, plantas y otros restos de la anterior ocupación, así como suciedad acumulada.
Vídeo grabado por la adjudicataria al entrar por primera vez en el piso y cedido a La Otra Pucela - Puede reutilizarse cumpliendo con la licencia CC BY SA 4.0 y citando y enlazando siempre a otrapucela.org
La historia había comenzado mucho antes. Según explica, la vivienda le fue adjudicada en un sorteo en febrero de 2023, aunque asegura que entonces no supo que había resultado adjudicataria.
En septiembre de 2024 acudió con su pareja y su hija a las oficinas de VIVA para entregar la documentación solicitada y 285 euros como cantidad vinculada a la reserva de la vivienda. Allí, relata, le dijeron que en unos quince días podría entrar.
No fue así.
La adjudicataria cuenta que llamó durante los meses siguientes para preguntar por las llaves. Según le explicaron, la vivienda necesitaba trabajos de rehabilitación y acondicionamiento antes de poder ser entregada.
Finalmente la recibió a finales de febrero de 2025, casi seis meses después. El vídeo que ahora publica La Otra Pucela recoge el estado en que asegura habérsela encontrado aquel día.
De la caldera al baño: las reclamaciones después de entrar
Los problemas, según relata, continuaron después de recibir las llaves.
La caldera funcionaba mal desde el principio y asegura que tuvo que reclamar durante aproximadamente un año hasta que finalmente fue sustituida en marzo de 2026.
También sigue pendiente una petición relacionada con el baño. Tanto ella como su pareja tienen discapacidad y movilidad reducida, por lo que entrar y salir de la bañera les resulta complicado. Han solicitado que sea sustituida por un plato de ducha.
«No lo pido por comodidad», explica al hablar de una adaptación que considera necesaria para poder utilizar el baño con mayor seguridad.
La situación económica también ha cambiado desde que inició el proceso.
Los 285 euros entregados en septiembre de 2024 no llegaron a ser su alquiler mensual, sino la cantidad que abonó al reservar la vivienda. Cuando VIVA volvió a solicitarle documentación antes de entregarle el piso, en febrero de 2025, la renta se recalculó porque, según explica, había aumentado ligeramente su pensión por incapacidad.
Comenzó así pagando 440,36 euros mensuales. En 2026 la renta ha pasado a 449,36 euros, a los que se suman alrededor de 60 euros de comunidad, aunque asegura, no le está permitido asistir a las reuniones de la misma.
El vídeo llega después de la respuesta del concejal
El nuevo testimonio aparece en pleno debate sobre el funcionamiento de las viviendas municipales.
El concejal de Urbanismo y Vivienda, José Ignacio Zarandona, defendió públicamente el sistema de VIVA y aseguró que a los adjudicatarios se les muestran «fotografías detalladas y actualizadas» de las viviendas. También justificó que no puedan visitarlas previamente señalando que VIVA «no es una agencia inmobiliaria» y sostuvo que el procedimiento era el mismo que utilizaba el anterior equipo de gobierno.
Los documentos publicados por la propia sociedad municipal muestran, sin embargo, al menos una diferencia.
El protocolo de octubre de 2023 no contenía la actual prohibición expresa de facilitar datos que permitan identificar la vivienda.
El protocolo aprobado en diciembre de 2024 establece para las llamadas Viviendas Blancas, destinadas a colectivos en situación de vulnerabilidad, que se comunicará la zona o calle del inmueble, «pero nunca el portal u otros datos que permitan su identificación». En su lugar, se ofrece un reportaje fotográfico e información sobre las características de la vivienda.
Este caso que comentamos hoy añade otra cuestión al debate: ¿Qué ocurre después de aceptar una vivienda que no se ha podido visitar y en qué condiciones se entrega finalmente a sus adjudicatarios?
En este caso, la familia esperó casi seis meses desde la entrega de la documentación y la reserva hasta recibir las llaves, un periodo durante el cual asegura que se le habló de trabajos de acondicionamiento. Ahora se puede ver cómo encontró la vivienda al entrar.
¿Qué debemos poder exigir a una vivienda pública?
Este caso es el de una familia concreta y no sirve por sí solo para describir todo el parque municipal de vivienda. Pero plantea una cuestión que debería poder compartirse con independencia de quién gobierne: ¿qué condiciones mínimas debe garantizar una administración cuando entrega una vivienda pública?
Una vivienda destinada a personas con dificultades para acceder al mercado no debería implicar menos garantías sobre su estado, menos información antes de aceptarla o menos atención cuando aparecen problemas, especialmente cuando sus habitantes tienen discapacidad o dificultades de movilidad.
Y deja una pregunta sencilla para quienes gestionan VIVA, hoy o en el futuro: si una familia espera casi seis meses mientras se acondiciona una vivienda, ¿es este el estado en el que debería recibir finalmente las llaves?