Estamos ante la crónica de un desastre anunciado y es crucial que la gente entienda lo que está en juego.
El problema de fondo, y lo más grave de todo, es la deuda que arrastra la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV). No podemos olvidar que fue León de la Riva quien nos embarcó en la quimera del soterramiento, dejándonos una deuda de cientos de millones de euros.
Gracias a que ADIF y el Ministerio intervinieron como avalistas, la ciudad se salvó de la quiebra total en su momento, y de ahí nacieron los acuerdos de 2017 para dar una solución realista con la integración ferroviaria. Parecía que el problema estaba encauzado y en marcha.
Pero ahora, ¿qué está pasando? Vemos cómo el actual equipo de gobierno, en una línea que recuerda peligrosamente a la anterior del PP, parece dispuesto a reventarlo todo. Quieren resucitar un proyecto que ya casi nos llevó a la ruina una vez, ignorando las lecciones del pasado.
No solo nos engañaron una vez con una promesa irrealizable, sino que ahora corremos el riesgo de tropezar con la misma piedra y llevar a la ciudad a la quiebra por segunda vez. Están jugando con nuestro futuro por puros intereses políticos, y la factura, como siempre, la pagaremos los ciudadanos.
Y quienes más van a sufrir las consecuencias son los barrios, que verán cómo cualquier posibilidad de mejora se esfuma para siempre mientras el dinero se va a un pozo sin fondo.
Mientras nos gastamos 1,2 millones de euros en un nuevo informe que no solucionará nada, la ciudad sigue llena de baches, suciedad y parques abandonados. Es indignante que se tachen de “ocurrencias” los presupuestos participativos votados por los vecinos, y al mismo tiempo se nos hipoteque con una deuda millonaria.
La pregunta es clara: ¿son mentes brillantes o estamos en manos de criminales? Como ciudadanos, tenemos que alzar la voz. Quizás no tengamos el músculo legal, pero la oposición debería estar llevando este asunto a los juzgados para defender el interés de todos.